El presidente Barack Obama asumirá la autoridad de ordenar un ataque cibernético en caso de que su país detecte una ciberamenaza grave. Al mismo tiempo, el Pentágono está inmerso en un plan que iguale la categoría de su comando 'ciber' con otras áreas de combate.
Los últimos ataques experimentados por algunos de los estandartes de la prensa escrita norteamericana (The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal) a manos de ciberdelincuentes chinos han hecho saltar las alarmas de nuevo. Estados Unidos (EEUU), a diferencia de otros países, está seriamente concienciado sobre los efectos devastadores que un ataque informático organizado podría tener en su integridad. El secretario de Defensa, León Panetta, ya ha hablado en alguna ocasión de que "el próximo Pearl Harbor" podría consistir en un ciberataque que hiciera descarrilar trenes de pasajeros o cargados con sustancias químicas letales. Ante un atentado de estas características, el Gobierno de Barack Obama no titubearía lo más mínimo y lo consideraría como un acto de guerra.
Tal y como hemos referido en un reportaje sobre estas y otras cuestiones, la Administración estadounidense tiene muy claro cómo actuar y es la profunda división entre republicanos y demócratas una de las causas que ha impedido la aprobación de una ley de protección de las infraestructuras críticas en materia de ciberseguridad. Otro motivo que explica su fracaso se entiende a la perfección a este lado del charco, pues comparte un origen común con la situación en España: la empresa privada considera que es excesivo el volumen de información confidencial que debe compartir y solicita a cambio la inmunidad legal, algo que no permite el ordenamiento jurídico estadounidense. En consecuencia, Obama se muestra dispuesto a 'premiar' a aquellas compañías que, voluntariamente, accedan a colaborar.
Sin embargo, el diario Financial Times publicó que, además de una normativa de mínimos que garantice el intercambio de información entre Gobierno y proveedores de servicios esenciales, Obama aprobará una orden ejecutiva para asumir nuevas competencias en caso de que un ataque informático pueda poner en peligro la integridad del país. Según este periódico, que asegura haber tenido acceso al borrador de esta orden, EEUU también contempla una defensa activa, mediante la prevención de ataques, en virtud del fortalecimiento de sus sistemas informáticos.
Es aquí donde el presidente asume poderes especiales para ordenar un ataque cibernético preventivo si fuese necesario.Independientemente de la aprobación de la ley, sobrevuelan numerosas dudas como la implicación del Pentágono en unos ataques que no provienen necesariamente de un país, sino que pueden atribuirse a grupos terroristas. Según el Financial Times, la Casa Blanca establecerá que el Departamento de Seguridad Nacional sea el que responda si el asalto se produce en territorio de EEUU y que el Departamento de Defensa entre en acción únicamente si así lo determina una orden presidencial.
Ciberdefensa con más recursos
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, también sugirió recientemente que tras las "últimas llamadas de atención", su país no debería esperar a sufrir "un 11S informático". No hay tiempo que perder y los procesos legislativos no pueden paralizar la evolución de la estrategia de defensa norteamericana. The Wahsington Post se hacía eco de un plan del Pentágono orientado a aumentar significativamente su personal en los próximos años para contrarrestar el aumento de las ciberamenazas y llevar a cabo operaciones contra los enemigos de USA fuera de sus fronteras. Esta estrategia, según la fuente de Defensa del Post, implicaría incrementar de 900 a 4.900 el número de trabajadores (tanto militares como civiles) del comando cibernético del Pentágono, que se situaría así al mismo nivel que otras áreas tradicionales de combate.
Fuente: Redseguridad
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